LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS AGRARIOS EN SAN LUIS POTOSÍ*
La propiedad social y la contrarreforma salinista de 1992 en México.
Uno de los principales problemas que aquejan la actualidad en el territorio mexicano, es el problema de tenencia y certeza jurídica sobre la tierra, San Luís Potosí no es la excepción. Empezaré por señalar breves antecedentes de la garantía constitucional del artículo 27 constitucional, en ella queda estampada la contrarreforma agraria salinista de 1992, la cual tuvo como objetivo aplicar el modelo económico neoliberal en los núcleos ejidales y comunales existentes en México. Los resultados a 16 años de contrarreforma social se demuestran en el finiquito al reparto agrario, la entrada de sociedades mercantiles a los ejidos y comunidades y la desaparición de los principios sobre la tierra de propiedad social como el ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable e inembargable. Todo ello tiene como efecto la entrada de este tipo de propiedad social a las leyes del mercado. También creó un sistema de administración de la justicia agraria tendiente a eliminar al Derecho Social como medio equilibrador de las desigualdades entre los campesinos y los capitalistas.
Esto implica, necesariamente, la presión sobre la desaparición continua de la propiedad social de la tierra, suele suceder que los gobiernos en México y los fraccionadores en complicidad continua, han ido apoderándose de mucho a todo de terrenos, adquiriéndolos a costos insignificantes y vendiéndolos con grandes utilidades.
La reforma salinista se propuso impulsar la privatización del campo mexicano, abandonando toda idea de servicio a la sociedad, se dijo que estaba reconociéndose "la mayoría de edad" de los habitantes del agro al poner fin al reparto agrario, meter al comercio la mitad del territorio nacional (más de 50 mil ejidos y comunidades) y propiciar un nuevo proceso de acaparamiento de la tierra (sobre todo la aledaña a las ciudades). Además la conformación de un sistema de tribunales agrarios fue una de las principales medidas contempladas en el cambio jurídico-institucional de 1992. Anteriormente las controversias jurídicas derivadas de la tenencia de la tierra se dirimían ante autoridades administrativas que dependían directamente, o recibían gran influencia, del Poder Ejecutivo (tanto en el ámbito federal como local). Estas características dieron un matiz político al sistema de resolución de controversias anterior. La reforma constitucional de enero de 1992 creó un sistema de tribunales agrarios autónomo dotado de plena jurisdicción (fracción XIX del Artículo 27 constitucional).
El caso San Luis Potosí.
La primera víctima, y quizá hasta ahorita sea el ejemplo más letal en San Luis Potosí, con la aplicación de esa reforma neoliberal fue el ejido "La Garita de Jalisco", ubicada al sureste de la capital potosina. Con notable habilidad, los fraccionadores celebraron contratos de asociación mercantil que les hicieron dueños de las mejores tierras de la capital. Se dieron el lujo de donar importantes extensiones a “negocios educativos” como el Instituto Tecnológico de Monterrey, a centros comerciales como WALMART, COSTCO, SAMS CLUB, CLUB DE GOLF, y hasta hoteles de paso disfrazados de condominios de lujo, lo cual les produjo incrementos en la plusvalía únicamente a favor de la clase pudiente y “samaritana” de San Luís Potosí.
Una segunda víctima más es el Ejido la “Laguna de San Vicente” en el municipio de Villa de Reyes, S.L.P. localizado a 20 minutos de la capital potosina, donde las compraventas de hectáreas empiezan a ser frecuentes, y en beneficio de compañías ensambladoras trasnacionales como lo es General Motors, que en cantidades pírricas hacen caer a los ejidatarios para enajenarles el patrimonio histórico que por Ley les corresponde, en la mayoría de las ocasiones los corredores de esas compraventas son ex - funcionarios de la Reforma Agraria o asesores esquiroles que coadyuvan en la privatización de tales tierras.
Una tercera víctima más es el Ejido de la Pila, S.L.P., ubicada al suroeste de la capital, el cuál empieza a ser un buen manjar para los especuladores de la tierra, para aquellos empresarios filántropos que con el aval de Gobierno del Estado siempre buscan generar obras en “beneficio social” de los lugares a donde llegan a invertir, o mejor dicho “servidumbres de paso” que no son más que contratos simulados con trasfondo entreguista y centavero avalados por sedicentes ejidatarios que acceden a intereses de empresas trasnacionales como lo es Logistik Park. En este contexto, se inscribe la represión del 7 de febrero del año en curso, sufrida por parte de los ejidatarios de “la Pila” en el municipio de la capital, dirigida por el Virrey Jesús Marcelo de los Santos Fraga, por tanto podemos afirmar que la política de privatización de tierra de carácter social sigue en marcha por estos gobierno panistas antidemocráticos y autoritarios, estos ignoran u omiten la historia de nuestro país, pues la propiedad sobre tierras de carácter ejidal y comunal son parte de la diversidad y pluralidad cultural de nuestra sociedad, es un signo distintivo de los gobiernos Neoliberales de imponer la homogenización de la vida en todo aspecto, el dios dinero es la única figura que se venera en el altar de estos regimenes decadentes y timoratos, como son los autonombrados “gobiernos del cambio”.
Lo anterior nada más por no citar el ejido de San Juan de Guadalupe, el panalillo y el del Aguaje, ubicados en las zonas periféricas de la mancha urbana potosina, cuya defensa ha sido nula ante el embate de los intereses empresariales y de Gobierno.
El caso de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
Por resolución de fecha 15 de julio de 1953, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1954, ejecutado el 14 de julio del mismo año, se confirmo y titulo a manera de bien comunal a favor del poblado denominado San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito en el municipio de esta capital potosina, una extensión superficial de 14,869-60-00 has. De las que en un 60% son de monte alto y 10% de monte alto con agostadero, 35% de monte malpaís y 5% de temporal.
A 55 años de aquella confirmación y titulación de bienes comunales, el juego del tiburón y la sardina persiste más que nunca, pues funcionarios públicos, columnistas chayoteros, los “Juanes Perreros”, y en general los Gobiernos en turno, se acercan a sedicentes comuneros para “adquirir terrenos” en precios bajísimos, que posteriormente son revendidos en exageradas cantidades, o son sujetos s la especulación, además estos “compradores de buena fé” merodean momento a momento como zopilotes de rapiña otras partes del citado núcleo agrario, esperando la caída u obligando a la conversión en sociedades mercantiles que generen “progreso social” a los comuneros; con el único fin transparente de finiquitar la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por tanto considero que es el manjar preferido, algo así como el “último trago de agua en el desierto”. Algo que llama la atención es el colmo del cinismo del “filosofo” Fernando Silva Nieto, meses antes de terminar el cargo de Gobernador, al señalar que las miles de ventas ilegales "son legales", según él; mientras los comuneros siguen siendo los pobres más pobres de San Luís, por no citar las frases celebres del Ejecutivo Estatal Marcelo de los Santos Fraga.
Lo anterior no son más que muestras de insensibilidad humana y política, de Gobiernos en turno. En el actual sexenio del PAN, que dicho de otra manera, su política de Gobierno ha sido un ensueño colonial del virrey Jesús Marcelo de los Santos Fraga, el cual de entre las diversas acciones de “hechos para servir” convalidó las pillerías del anterior Gobernador Fernando Silva Nieto, del PRI, como lo fue la continuidad de “obras filantrópicas”, cito la Universidad San Pablo, la Universidad Politecnica, construidas en el mero corazón de la comunidad potosina, bajo exclusiones muy cuestionables y que a cinco años de que se auto restituyó provisionalmente el Gobierno de Fernando Silva Nieto cerca de 70 hectáreas, sin pago o beneficio alguno a los comuneros potosinos, la controversia agraria aún siguen en litigio.
La comunidad guadalupana atraviesa por un conflicto paulatino de finiquitación como nucleo agrario, producto de una batalla interminable entre los originarios y nativos de esa tierra y los sedicentes comuneros denominados los “juanes perreros”, que con un Juez Agrario, como lo es el Tribunal Unitario Agrario, pues dicho Tribunal Agrario comúnmente se presta a ese distintas maniobras de dudosa procedencia, bendiciendo compras que violan el artículo 27 Constitucional, como la de los predios que erróneamente identifican como "La Ladrillera" y "Casa Blanca"; reitero que existen comuneros preocupados en la defensa y posesión sus tierras comunales, así como comuneros preocupados por avasallar ventas magnificas en beneficio de un grupo selecto solapados por las políticas de reforma agraria del gobierno Estatal potosino.
Lo afortunado de todo lo anterior es que el 16 de julio del 2006, después de 25 años, la comunidad de San Juan de Guadalupe tuvo una nueva mesa directiva encabezada por el comunero Margarito Jasso Menchaca, elegido en una cerrada votación, como presidente de la mesa directiva de la comunidad para el período 2006-2009.
Esa victoria simbólica, termina con un periodo de 25 años en el poder del grupo encabezado por Anastasio Esquivel Bravo, Gregorio Bravo Luna y Juan Fidel Cruz Campos, conocido como el grupo los” juanes perreros”, que ocuparon la mesa directiva en ocho periodos consecutivos de tres años y que contaron con el apoyo de diversos gobiernos priístas y hoy panistas.
Por lo anterior, considero que los proyectos de índole educativa, cultural y de empleo y vida digna deben de prevalecer sobre cualquier otro que tengo como fondo la entrega de la tierra al mejor postor.
¿ Porque la educación, la estabilidad en el empleo y la cultura en la comunidad? Pues por el simple hecho de que son los pueblos originarios de ese gran Valle potosino, aquellos que la historia oficial pretende desaparecerlos, sin reconocerles que con su idiosincrasia comunal nos demuestran valores y virtudes que se encuentran muy desprestigiados hoy en día, entre los cuales destaco la honestidad, el respeto a los demás y la decencia.
Concluyo pidiendo desde este foro nacional, el refrendo al respeto a los derechos humanos de todos ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan contra esta política de privatización de la tierra de carácter social, que solo conllevan injusticias y desigualdades de carácter legal, y pedimos su solidaridad a las acciones de resistencia civil que están por venir; por ello basta decir que la reiterada desaparición paulatina de la Comunidad de San Juan de Guadalupe no sucederá mientras la necedad y la convicción reine entre los comuneros originarios, resistiendo y luchando contra los embates del Gobierno en turno, de los especuladores de la tierra, de los empresarios y de los “juanes perreros”, también sostengo que la lucha en la Comunidad es hoy más difícil que nunca, pues la privatización avanza momento a momento. Pero con ejemplos de lucha y honestidad como la del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Margarito Jasso Menchaca, descendiente del valiente comunero Pedro Jasso Bravo, seguiremos avanzando, basta decir que no claudicaremos ni nos rendiremos. Seguimos firmes en la defensa de la tierra.
Uno de los principales problemas que aquejan la actualidad en el territorio mexicano, es el problema de tenencia y certeza jurídica sobre la tierra, San Luís Potosí no es la excepción. Empezaré por señalar breves antecedentes de la garantía constitucional del artículo 27 constitucional, en ella queda estampada la contrarreforma agraria salinista de 1992, la cual tuvo como objetivo aplicar el modelo económico neoliberal en los núcleos ejidales y comunales existentes en México. Los resultados a 16 años de contrarreforma social se demuestran en el finiquito al reparto agrario, la entrada de sociedades mercantiles a los ejidos y comunidades y la desaparición de los principios sobre la tierra de propiedad social como el ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable e inembargable. Todo ello tiene como efecto la entrada de este tipo de propiedad social a las leyes del mercado. También creó un sistema de administración de la justicia agraria tendiente a eliminar al Derecho Social como medio equilibrador de las desigualdades entre los campesinos y los capitalistas.
Esto implica, necesariamente, la presión sobre la desaparición continua de la propiedad social de la tierra, suele suceder que los gobiernos en México y los fraccionadores en complicidad continua, han ido apoderándose de mucho a todo de terrenos, adquiriéndolos a costos insignificantes y vendiéndolos con grandes utilidades.
La reforma salinista se propuso impulsar la privatización del campo mexicano, abandonando toda idea de servicio a la sociedad, se dijo que estaba reconociéndose "la mayoría de edad" de los habitantes del agro al poner fin al reparto agrario, meter al comercio la mitad del territorio nacional (más de 50 mil ejidos y comunidades) y propiciar un nuevo proceso de acaparamiento de la tierra (sobre todo la aledaña a las ciudades). Además la conformación de un sistema de tribunales agrarios fue una de las principales medidas contempladas en el cambio jurídico-institucional de 1992. Anteriormente las controversias jurídicas derivadas de la tenencia de la tierra se dirimían ante autoridades administrativas que dependían directamente, o recibían gran influencia, del Poder Ejecutivo (tanto en el ámbito federal como local). Estas características dieron un matiz político al sistema de resolución de controversias anterior. La reforma constitucional de enero de 1992 creó un sistema de tribunales agrarios autónomo dotado de plena jurisdicción (fracción XIX del Artículo 27 constitucional).
El caso San Luis Potosí.
La primera víctima, y quizá hasta ahorita sea el ejemplo más letal en San Luis Potosí, con la aplicación de esa reforma neoliberal fue el ejido "La Garita de Jalisco", ubicada al sureste de la capital potosina. Con notable habilidad, los fraccionadores celebraron contratos de asociación mercantil que les hicieron dueños de las mejores tierras de la capital. Se dieron el lujo de donar importantes extensiones a “negocios educativos” como el Instituto Tecnológico de Monterrey, a centros comerciales como WALMART, COSTCO, SAMS CLUB, CLUB DE GOLF, y hasta hoteles de paso disfrazados de condominios de lujo, lo cual les produjo incrementos en la plusvalía únicamente a favor de la clase pudiente y “samaritana” de San Luís Potosí.
Una segunda víctima más es el Ejido la “Laguna de San Vicente” en el municipio de Villa de Reyes, S.L.P. localizado a 20 minutos de la capital potosina, donde las compraventas de hectáreas empiezan a ser frecuentes, y en beneficio de compañías ensambladoras trasnacionales como lo es General Motors, que en cantidades pírricas hacen caer a los ejidatarios para enajenarles el patrimonio histórico que por Ley les corresponde, en la mayoría de las ocasiones los corredores de esas compraventas son ex - funcionarios de la Reforma Agraria o asesores esquiroles que coadyuvan en la privatización de tales tierras.
Una tercera víctima más es el Ejido de la Pila, S.L.P., ubicada al suroeste de la capital, el cuál empieza a ser un buen manjar para los especuladores de la tierra, para aquellos empresarios filántropos que con el aval de Gobierno del Estado siempre buscan generar obras en “beneficio social” de los lugares a donde llegan a invertir, o mejor dicho “servidumbres de paso” que no son más que contratos simulados con trasfondo entreguista y centavero avalados por sedicentes ejidatarios que acceden a intereses de empresas trasnacionales como lo es Logistik Park. En este contexto, se inscribe la represión del 7 de febrero del año en curso, sufrida por parte de los ejidatarios de “la Pila” en el municipio de la capital, dirigida por el Virrey Jesús Marcelo de los Santos Fraga, por tanto podemos afirmar que la política de privatización de tierra de carácter social sigue en marcha por estos gobierno panistas antidemocráticos y autoritarios, estos ignoran u omiten la historia de nuestro país, pues la propiedad sobre tierras de carácter ejidal y comunal son parte de la diversidad y pluralidad cultural de nuestra sociedad, es un signo distintivo de los gobiernos Neoliberales de imponer la homogenización de la vida en todo aspecto, el dios dinero es la única figura que se venera en el altar de estos regimenes decadentes y timoratos, como son los autonombrados “gobiernos del cambio”.
Lo anterior nada más por no citar el ejido de San Juan de Guadalupe, el panalillo y el del Aguaje, ubicados en las zonas periféricas de la mancha urbana potosina, cuya defensa ha sido nula ante el embate de los intereses empresariales y de Gobierno.
El caso de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
Por resolución de fecha 15 de julio de 1953, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1954, ejecutado el 14 de julio del mismo año, se confirmo y titulo a manera de bien comunal a favor del poblado denominado San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito en el municipio de esta capital potosina, una extensión superficial de 14,869-60-00 has. De las que en un 60% son de monte alto y 10% de monte alto con agostadero, 35% de monte malpaís y 5% de temporal.
A 55 años de aquella confirmación y titulación de bienes comunales, el juego del tiburón y la sardina persiste más que nunca, pues funcionarios públicos, columnistas chayoteros, los “Juanes Perreros”, y en general los Gobiernos en turno, se acercan a sedicentes comuneros para “adquirir terrenos” en precios bajísimos, que posteriormente son revendidos en exageradas cantidades, o son sujetos s la especulación, además estos “compradores de buena fé” merodean momento a momento como zopilotes de rapiña otras partes del citado núcleo agrario, esperando la caída u obligando a la conversión en sociedades mercantiles que generen “progreso social” a los comuneros; con el único fin transparente de finiquitar la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por tanto considero que es el manjar preferido, algo así como el “último trago de agua en el desierto”. Algo que llama la atención es el colmo del cinismo del “filosofo” Fernando Silva Nieto, meses antes de terminar el cargo de Gobernador, al señalar que las miles de ventas ilegales "son legales", según él; mientras los comuneros siguen siendo los pobres más pobres de San Luís, por no citar las frases celebres del Ejecutivo Estatal Marcelo de los Santos Fraga.
Lo anterior no son más que muestras de insensibilidad humana y política, de Gobiernos en turno. En el actual sexenio del PAN, que dicho de otra manera, su política de Gobierno ha sido un ensueño colonial del virrey Jesús Marcelo de los Santos Fraga, el cual de entre las diversas acciones de “hechos para servir” convalidó las pillerías del anterior Gobernador Fernando Silva Nieto, del PRI, como lo fue la continuidad de “obras filantrópicas”, cito la Universidad San Pablo, la Universidad Politecnica, construidas en el mero corazón de la comunidad potosina, bajo exclusiones muy cuestionables y que a cinco años de que se auto restituyó provisionalmente el Gobierno de Fernando Silva Nieto cerca de 70 hectáreas, sin pago o beneficio alguno a los comuneros potosinos, la controversia agraria aún siguen en litigio.
La comunidad guadalupana atraviesa por un conflicto paulatino de finiquitación como nucleo agrario, producto de una batalla interminable entre los originarios y nativos de esa tierra y los sedicentes comuneros denominados los “juanes perreros”, que con un Juez Agrario, como lo es el Tribunal Unitario Agrario, pues dicho Tribunal Agrario comúnmente se presta a ese distintas maniobras de dudosa procedencia, bendiciendo compras que violan el artículo 27 Constitucional, como la de los predios que erróneamente identifican como "La Ladrillera" y "Casa Blanca"; reitero que existen comuneros preocupados en la defensa y posesión sus tierras comunales, así como comuneros preocupados por avasallar ventas magnificas en beneficio de un grupo selecto solapados por las políticas de reforma agraria del gobierno Estatal potosino.
Lo afortunado de todo lo anterior es que el 16 de julio del 2006, después de 25 años, la comunidad de San Juan de Guadalupe tuvo una nueva mesa directiva encabezada por el comunero Margarito Jasso Menchaca, elegido en una cerrada votación, como presidente de la mesa directiva de la comunidad para el período 2006-2009.
Esa victoria simbólica, termina con un periodo de 25 años en el poder del grupo encabezado por Anastasio Esquivel Bravo, Gregorio Bravo Luna y Juan Fidel Cruz Campos, conocido como el grupo los” juanes perreros”, que ocuparon la mesa directiva en ocho periodos consecutivos de tres años y que contaron con el apoyo de diversos gobiernos priístas y hoy panistas.
Por lo anterior, considero que los proyectos de índole educativa, cultural y de empleo y vida digna deben de prevalecer sobre cualquier otro que tengo como fondo la entrega de la tierra al mejor postor.
¿ Porque la educación, la estabilidad en el empleo y la cultura en la comunidad? Pues por el simple hecho de que son los pueblos originarios de ese gran Valle potosino, aquellos que la historia oficial pretende desaparecerlos, sin reconocerles que con su idiosincrasia comunal nos demuestran valores y virtudes que se encuentran muy desprestigiados hoy en día, entre los cuales destaco la honestidad, el respeto a los demás y la decencia.
Concluyo pidiendo desde este foro nacional, el refrendo al respeto a los derechos humanos de todos ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan contra esta política de privatización de la tierra de carácter social, que solo conllevan injusticias y desigualdades de carácter legal, y pedimos su solidaridad a las acciones de resistencia civil que están por venir; por ello basta decir que la reiterada desaparición paulatina de la Comunidad de San Juan de Guadalupe no sucederá mientras la necedad y la convicción reine entre los comuneros originarios, resistiendo y luchando contra los embates del Gobierno en turno, de los especuladores de la tierra, de los empresarios y de los “juanes perreros”, también sostengo que la lucha en la Comunidad es hoy más difícil que nunca, pues la privatización avanza momento a momento. Pero con ejemplos de lucha y honestidad como la del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Margarito Jasso Menchaca, descendiente del valiente comunero Pedro Jasso Bravo, seguiremos avanzando, basta decir que no claudicaremos ni nos rendiremos. Seguimos firmes en la defensa de la tierra.
Atentamente:
Lic. Noé Yair López García.
México, D.F. 23 de junio del 2008.
Lic. Noé Yair López García.
México, D.F. 23 de junio del 2008.
*candidato a Maestro en Derecho e Investigación por la U.A.S.L.P.
LA JORNADA
Y LA CASA LAMM
Invitan al Foro
MÉXICO Y EL MUNDO ACTUAL
“LA LUCHA POR LOS DERECHOS LABORALES Y AGRARIOS
EN SAN LUIS POTOSI”
ENTRADA LIBRE AL EVENTO.
LUNES 23 DE JUNIO DEL 2008, 19:00 HRS.
CALLE ALVARO OBREGON 99, COLONIA ROMA. TEL Y FAX. 55 25 39 18
MEXICO DF
Panelistas: Margarito Jasso Menchaca (Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito de la capital de San Luís Potosí), Valentín Marín Quistián (Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industrial Vidriera del Potosí), el Dr. Enrique González Ruiz y el Lic. Noe Yair López García.
NOTA: LOS COMUNEROS DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y SUS ANEXOS, HARÀN VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EN AUTOBUS POR LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS M.N.00/100) PUNTO DE SALIDA:
SALÒN COMUNAL, CITAMOS EN PROL. LEÒN GARCÌA ESQUINA ANILLO PERIFERICO.
Salida: Domingo 22 de Junio 23:30 hrs.Regreso: Lunes 23 de Junio por la madrugada.
CUPO LIMITADO.
INFORMES:º Margarito Jasso Menchaca: Cel. (42) 363400.
º Noé García: Cel. (41) 714975.
Y LA CASA LAMM
Invitan al Foro
MÉXICO Y EL MUNDO ACTUAL
“LA LUCHA POR LOS DERECHOS LABORALES Y AGRARIOS
EN SAN LUIS POTOSI”
ENTRADA LIBRE AL EVENTO.
LUNES 23 DE JUNIO DEL 2008, 19:00 HRS.
CALLE ALVARO OBREGON 99, COLONIA ROMA. TEL Y FAX. 55 25 39 18
MEXICO DF
Panelistas: Margarito Jasso Menchaca (Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito de la capital de San Luís Potosí), Valentín Marín Quistián (Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industrial Vidriera del Potosí), el Dr. Enrique González Ruiz y el Lic. Noe Yair López García.
NOTA: LOS COMUNEROS DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y SUS ANEXOS, HARÀN VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EN AUTOBUS POR LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS M.N.00/100) PUNTO DE SALIDA:
SALÒN COMUNAL, CITAMOS EN PROL. LEÒN GARCÌA ESQUINA ANILLO PERIFERICO.
Salida: Domingo 22 de Junio 23:30 hrs.Regreso: Lunes 23 de Junio por la madrugada.
CUPO LIMITADO.
INFORMES:º Margarito Jasso Menchaca: Cel. (42) 363400.
º Noé García: Cel. (41) 714975.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JUNTOS DERROTAREMOS LA SOBERBIA PANISTA Y LA DEL VIRREY JESÙS MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA!!!!!!!!!!!!!.
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