¿SE INVESTIGARÁ LA DESAPARICIÓN FORZADA?
José Enrique González Ruiz
Por su potencial corruptor,
el poder debe ser controlado por la sociedad.

Un aparente cambio de postura.

Aún no terminaba de darse a conocer el documento del 14 de agosto de la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal, cuando la Secretaría de Gobernación hizo saber públicamente que la investigación acerca de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es realizada por la Procuraduría General de la República por desaparición forzada. Esto significa un cambio de postura de las autoridades ministeriales, que integraron las averiguaciones previas por el delito de secuestro.
Falta sin embargo que la Procuraduría federal haga la puntualización correspondiente, pues en el comunicado de prensa de Gobernación hay una ambigüedad: dice que serán las autoridades jurisdiccionales las que hagan la clasificación del delito. Además, el titular de esa dependencia ha insistido en que en México no existen presos políticos y negado toda responsabilidad en el asunto de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
Tenemos asimismo el precedente de que, cuando Nadín Reyes trató de presentar la denuncia de la desaparición de su padre en la delegación Oaxaca de la PGR, se negaron incluso a recibirle su escrito.
Y no puede olvidarse que cuando dos jueces ordenaron que se presentara a las dos personas buscadas, las autoridades responsables negaron tenerlas en su poder y la histórica resolución judicial quedó en el plano de la ficción.
Por so es prudente esperar señales más firmes de la voluntad política de las autoridades para la solución de este problema.
La CNDH sí tramita una queja por desaparición
Se entiende que el gobierno no quiere instruir expedientes por desaparición forzada, porque éste es un crimen que cometen agentes del Estado u otros individuos actuando con la aquiescencia de aquellos. Implica una autoinculpación. Por eso es también tan difícil que se le sancione, pues el Estado no juzga ni castiga a quienes forman parte de él. No obstante, los trámites que lleva a cabo la CNDH en relación con Reyes Amaya y Cruz Sánchez, sí guardan relación con ese ilícito contra la humanidad.
Pero aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió quejas de los familiares de los desaparecidos desde hace más de un año, a la fecha no ha generado ninguna recomendación. Ese hecho es de la mayor relevancia, porque indica que es el conjunto del Estado Mexicano (del que esa Comisión forma parte) el que se niega o se resiste a llegar al fondo cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
Es de esperar que ese organismo oficial produzca pronto resultados, que podrán ser útiles para la Comisión de Mediación, que sí tiene el propósito firme de profundizar hasta encontrar una verdadera solución.
El marco legal es inadecuado
Para firmar compromisos internacionales, los gobernantes mexicanos se pintan solos. Aunque no son congruentes a la hora de cumplir y lamentablemente despliegan guerras sucias por fuera de todo marco jurídico. Por eso no han cumplido su ofrecimiento de armonizar la legislación mexicana con la internacional, en materia de derechos humanos.
Las normas del sistema jurídico mexicano no son las mejores para enfrentar ilícitos como la desaparición forzada. Ya sufrimos la dolorosa experiencia de que jueces y magistrados hayan declarado la prescripción de delitos que, conforme a la jurisprudencia universal, no son prescriptibles. No hemos tenido la satisfacción de ver juzgados y castigados a los responsables del genocidio del 68, de la masacre del 10 de junio de 1971 y de los actos inhumanos y crueles que se dieron cuando se persiguió a los grupos armados que surgieron después de esos hechos.
No obstante, hay elementos suficientes para procesar por desaparición forzada a quienes tengan en su poder, desde hace más de un año en situación de tortura permanente, a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo Reyes Amaya.
Se necesita la presión de la sociedad civil
Un gobierno que trata de privatizar Petróleos Mexicanos requiere muchos votos en la Cámara. Y éstos sólo se obtienen mediante acuerdos políticos con los poderes reales. Probablemente ésa sea la razón por la que las autoridades federales intentan empantanar el caso Reyes Amaya-Cruz Sánchez.
Los medios informativos, en su mayoría, son proclives a las consignas gubernamentales, de modo que es difícil contar con ellos. Pero siempre hay espacios para divulgar los puntos de vista de otros sectores.
Para sacar positivamente la negociación en el caso de los eperristas desaparecidos, se requiere una gran presión social. Es momento de que organizaciones y personas interesadas en los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, actúen para apoyar a la Comisión de Mediación. Sólo así tenemos posibilidades de que se investigue y castigue este nefando crimen.
Lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la erradicación de uno de los métodos más aberrantes que el poder utiliza para lograr gobernabilidad.

Guatemala, C.A. a 16 de agosto de 2008.